«Una semana o diez días. Como máximo». Eso prometió el expresidente ante el juez Calama el pasado 17 de junio. El plazo ha vencido. Las explicaciones no han llegado.@EugenioValle64

Qué está pasando: una pieza separada por delito fiscal y contrabando

José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en junio en el primer expresidente del Gobierno de España que declara ante la Audiencia Nacional en calidad de investigado. El motivo original de la causa era su presunto papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Pero durante la instrucción apareció algo que nadie esperaba: un registro policial en Madrid sacó a la luz un conjunto de joyas valoradas en aproximadamente 1,3 millones de euros, halladas en el despacho del exdirigente socialista.

El instructor del caso, el magistrado José Luis Calama, abrió una pieza separada para investigar esas joyas por presuntos delitos fiscal y de contrabando. Es decir: la pregunta ya no es solo qué hizo Zapatero con Plus Ultra. La pregunta es de dónde salió un patrimonio en joyas que multiplica varias veces el sueldo anual de un presidente del Gobierno, y por qué no consta declarado.

La promesa incumplida: «como máximo, una semana o diez días»

La defensa de Zapatero intentó primero que la declaración del 17 de junio se limitara exclusivamente al rescate de Plus Ultra, dejando fuera el asunto de las joyas. El juez Calama rechazó el recurso: la declaración se mantenía, y las joyas estaban sobre la mesa.

Antes de terminar la comparecencia, el magistrado preguntó directamente cuándo estaría el expresidente en disposición de dar explicaciones sobre las piezas intervenidas. La defensa respondió que en «una semana o diez días». Y el propio Zapatero se apresuró a apostillar: «como máximo».

Ese plazo, fijado por el propio investigado, ha vencido esta semana. Las explicaciones no han llegado. La Audiencia Nacional queda ahora a la espera de una nueva citación mientras el expresidente gana tiempo — un tiempo que él mismo se comprometió a no tomarse.

Hacienda mira hacia otro lado

Aquí viene el detalle que convierte este caso en algo más que un problema personal de Zapatero. El juez Calama ofreció formalmente a la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en la causa en representación de la Agencia Tributaria, como parte perjudicada por las joyas presuntamente ocultas al fisco.

La respuesta de Hacienda: no lo contempla. Según fuentes del departamento, no habría indicios suficientes en el sumario que justifiquen la personación desde la perspectiva tributaria.

Traducción para el ciudadano de a pie: si a usted le encuentran patrimonio sin declarar, la Agencia Tributaria actúa de oficio, con recargos, sanciones y embargos si hace falta. Si el patrimonio aparece en el despacho de un expresidente socialista, la misma Agencia Tributaria decide que no ve motivos para personarse en una causa donde el propio juez le está abriendo la puerta.

El silencio de Ferraz y el precedente Aldama

A la falta de explicaciones del expresidente se suma el silencio de su entorno. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, se negó a declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, acogiéndose a su condición de investigada. Una decisión procesalmente legítima, pero que alimenta la sensación de opacidad que envuelve todo el caso.

Y en Ferraz, más de un año después de las primeras informaciones, la dirección del PSOE sigue sin mover ficha. El inmovilismo tiene una explicación que planea sobre todo el procedimiento: el precedente de Víctor de Aldama, cuya estrategia de colaboración con la Justicia le reportó importantes beneficios procesales en la causa de las mascarillas. En Ferraz saben que una ofensiva contra Zapatero podría provocar que quienes hasta ahora callan decidan hablar.

Conclusión: dos varas de medir, una misma Agencia Tributaria

Los hechos, hoy, son estos: un expresidente investigado por delitos fiscal y de contrabando, 1,3 millones en joyas sin explicar, un plazo autoimpuesto e incumplido, una Hacienda que declina personarse y un partido que guarda silencio.

Zapatero sigue amparado por la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano. Lo que no ampara a ningún ciudadano corriente es lo demás: los plazos que se estiran, la Agencia Tributaria que mira hacia otro lado y el aparato del partido cerrando filas.

En España hay dos fiscalidades: la suya y la de ellos. Y esta semana ha quedado retratada.

¿Crees que Hacienda actuaría igual con cualquier contribuyente? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este artículo.

Por Don Eugenio

Analista político independiente y creador de contenido. Análisis político sin filtros sobre la actualidad española. Sígueme en X @EugenioValle64

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