El Congreso de los Diputados aprobó este martes en ponencia el dictamen que abre la puerta a conceder la nacionalidad española a cientos de miles de saharauis nacidos bajo administración española. El texto salió adelante con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención, en una votación que deja una fotografía política incómoda: el PSOE, que rechazó esta misma ley hace apenas un año, ahora la respalda junto a Sumar, ERC y Bildu, mientras el PP —que entonces la apoyó— vota en contra junto a Vox.
Qué aprobó exactamente la ponencia
La proposición de ley permite acceder a la nacionalidad española por «carta de naturaleza» a los saharauis nacidos en el Sáhara Occidental antes del 11 de agosto de 1977, cuando el territorio estaba bajo soberanía española. El texto también reforma el artículo 22 del Código Civil para reducir de diez a dos años el plazo de residencia legal exigido a los saharauis para solicitar la nacionalidad, equiparándolos al régimen ya vigente para iberoamericanos, andorranos, filipinos, ecuatoguineanos, portugueses y sefardíes.
El dictamen aprobado este martes pasa ahora a la Comisión de Justicia, convocada para el 14 de julio, con vistas a una votación final en el Pleno antes del parón de verano, prevista entre el 23 y el 24 de julio según las fuentes consultadas.
El giro de 180 grados del PSOE
El dato político más relevante no es la ley en sí, sino quién cambia de bando. Cuando esta misma proposición llegó por primera vez al Congreso hace año y medio, el PP votó a favor y el PSOE en contra. Esta semana ha ocurrido justo lo contrario: los socialistas han pactado con Sumar y el resto de la izquierda parlamentaria, mientras el PP se ha situado del lado de Vox.
El desbloqueo llegó después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declarara días antes que era «totalmente favorable» a la nacionalización de los saharauis nacidos bajo administración española, negando que hubiera ningún bloqueo por su parte. Esas palabras, según fuentes parlamentarias, fueron determinantes para que el Gobierno desbloqueara una norma que llevaba más de un año congelada en la Comisión de Justicia, presidida por el socialista Joaquín Martínez Salmerón.
Las cifras, en disputa
Los promotores de la ley manejan estimaciones que varían según la fuente. Sumar, a través de su diputada de origen saharaui Tesh Sidi —principal impulsora del texto—, calcula que la medida beneficiaría de forma directa a unas 50.000 personas nacidas en la antigua provincia española, y de forma más amplia a cerca de 300.000 saharauis residentes en España que podrían acogerse a la reducción del plazo de residencia.
Otras fuentes parlamentarias elevan la cifra de beneficiarios directos hasta 70.000, manteniendo la cifra de 200.000 personas que podrían beneficiarse de la reducción del plazo de residencia legal. Ninguna de estas cifras procede de un cálculo oficial del Gobierno: son estimaciones de los propios grupos que han negociado la norma, y los mismos promotores admiten que no todos los potenciales beneficiarios pedirán la nacionalidad ni todos podrán acreditar los requisitos exigidos
Una ley que llega en plena polémica por la nacionalidad y el censo electoral
El momento elegido no es casual. La aprobación de esta ley coincide con la tensión generada por la Ley de Nietos, que permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado estos días al Gobierno de practicar «ingeniería electoral» con esa norma, mientras PP y Vox advierten de que nuevas oleadas de nacionalizaciones podrían alterar el censo de cara a futuras elecciones generales.
En ese contexto, PSOE y Sumar impulsan ahora una norma distinta, con otro origen y otros beneficiarios, pero que inevitablemente entra en la misma conversación pública: quién accede a la nacionalidad española, por qué vía, y con qué
consecuencias políticas y electorales.
La sombra del giro de Sánchez con Marruecos
La ley llega además marcada por la herida diplomática que el propio Pedro Sánchez abrió en 2022, cuando rompió la posición tradicional de España sobre el Sáhara Occidental y respaldó el plan de autonomía marroquí en lugar de defender el referéndum de autodeterminación. Aquel giro, comunicado por carta al rey Mohamed VI, distanció al Gobierno del Frente Polisario y de Argelia, y generó una fractura con buena parte de la izquierda parlamentaria que ahora apoya esta ley.
Dentro de Sumar se ha subrayado que la norma de nacionalidad no corrige aquel giro diplomático del Ejecutivo, pero sí permite al espacio de Yolanda Díaz exhibir un gesto de reparación hacia una comunidad que el propio Sánchez dejó en un terreno políticamente incómodo.
Próximos pasos
El texto deberá superar todavía la Comisión de Justicia y el Pleno del Congreso antes de convertirse en ley. Si recibe luz verde en julio, pasará al Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta y capacidad para retrasar o introducir modificaciones en la tramitación, aunque no podrá impedir en solitario que la norma regrese al Congreso para su aprobación definitiva.