El pacto PP-Vox en Andalucía ya es una realidad. Juanma Moreno fue investido presidente este jueves en segunda votación. Obtuvo 68 votos: 53 del PP y 15 de Vox. La izquierda sumó 41 en contra. No hubo sorpresas. Hubo aritmética.
El acuerdo se firmó media hora antes del pleno. Lo rubricaron Moreno y Manuel Gavira a las 18:30 en la sede del Parlamento. Se llama «Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía». Son 150 medidas para toda la legislatura. Y convierte a Andalucía en la cuarta comunidad con gobierno de coalición PP-Vox, tras Extremadura, Castilla y León y Aragón.
Qué ha conseguido Vox
Por primera vez desde la Transición, Vox entra en el Ejecutivo andaluz. Gavira será vicepresidente de la Junta. Asume además la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El pacto le reserva también un senador por designación autonómica y la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento.
Pero lo importante no son los sillones. Es el programa.
La «prioridad nacional», punto por punto
El corazón del pacto PP-Vox en Andalucía es la llamada prioridad nacional. El texto establece que el acceso a los recursos públicos deberá inspirarse en ese principio. En la práctica, significa esto:
- Ayudas vinculadas a la trayectoria de cotización y permanencia en el sistema.
- Requisitos reforzados de empadronamiento y arraigo en Andalucía.
- Prestaciones sociales estructurales limitadas para quienes estén en situación irregular, salvo urgencia vital.
El capítulo de inmigración va más allá. El acuerdo incluye un plan de retorno de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen. Una auditoría anual de todo el gasto público vinculado a la inmigración. La retirada de subvenciones a organizaciones que favorezcan la inmigración ilegal. Un servicio específico contra el fraude del padrón. Y la prohibición del burka y el nicab en edificios y servicios públicos autonómicos.
Hay más. En lo fiscal: rebaja progresiva del IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros, deducciones por natalidad y eliminación gradual de impuestos propios. Y un compromiso de aprobar los presupuestos de 2027 a 2030. Puede consultarse el acuerdo completo en The Objective.
Los efectos ya se notan. Este mismo viernes se confirmó la eliminación de las clases de árabe y cultura marroquí en casi 100 centros educativos andaluces.
El PSOE grita «antidemocrático». Los datos dicen otra cosa
La reacción socialista fue inmediata. María Jesús Montero calificó la votación de «fraude absoluto de investidura». Habló de «vergüenza». Repitió que «por primera vez entra la ultraderecha tras la dictadura en un gobierno en Andalucía». Desde Moncloa, el ministro Bolaños acusó al PP de «vender algún derecho humano» para conseguir un gobierno.
Conviene fijarse en un detalle. La propia Montero tuvo que admitir que se trata de un gobierno «legítimo emanado de las urnas». No le queda otra: 68 escaños son el 62,4% de la Cámara. Ocho diputados por encima de la mayoría absoluta. Cuando la legitimidad es incontestable, el ataque se traslada al procedimiento. Y a las etiquetas.
¿Y la queja de que el acuerdo se votó sin debate previo? Tiene su ironía. El mismo partido que negoció la investidura de Sánchez con un prófugo de la justicia en Waterloo, sin someter nada a debate parlamentario, exige ahora transparencia exquisita en Sevilla. La memoria es selectiva cuando conviene.
Dos modelos frente a frente
El fondo del asunto es simple. El pacto PP-Vox en Andalucía es la antítesis exacta de la política migratoria de Sánchez. Y por eso duele tanto en Ferraz.
Mientras el Gobierno central cerraba su regularización extraordinaria con casi 1,2 millones de solicitudes , Andalucía aprueba lo contrario. Ayudas condicionadas a la legalidad y la cotización. Auditoría del gasto migratorio. Fin de las subvenciones al negocio de la inmigración ilegal.
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Dos modelos incompatibles operando en el mismo país. Uno se aprobó por Real Decreto, sin pasar por el Congreso. El otro salió de un parlamento autonómico con mayoría clara. Que cada lector juzgue cuál de los dos tiene más déficit democrático.
Bruselas ya ha avisado de que vigilará que la «prioridad nacional» respete el principio de no discriminación del Derecho de la Unión. Ahí estará la batalla jurídica real. No en los micrófonos del PSOE.
Lo que viene ahora
Moreno tomará posesión y formará gobierno con los consejeros de Vox. Una comisión de seguimiento vigilará el cumplimiento de las 150 medidas. Y el resto de España mirará a Andalucía como laboratorio de lo que puede venir tras las próximas general El pacto PP-Vox en Andalucía no es un accidente. Es el cuarto en pocos meses. Es una hoja de ruta. Y los ciudadanos, a la vista de los resultados electorales, parecen tenerlo bastante más claro que sus dirigentes.
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