Los datos oficiales del cierre del proceso ya están sobre la mesa y confirman lo que muchos madrileños intuían en las colas de Extranjería: la regularización de inmigrantes en Madrid ha alcanzado las 202.424 solicitudes, una cifra que supera la población de la inmensa mayoría de los municipios de la región. Uno de cada seis extranjeros que ha pedido regularizarse en toda España lo ha hecho en Madrid. Y el Gobierno lo celebra como un éxito.
Los datos oficiales: más del doble de lo previsto
El proceso extraordinario de regularización impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones arrancó el 16 de abril y se cerró el 30 de junio con un total de 1.174.978 solicitudes en toda España. Más del doble de lo que el propio Ejecutivo había previsto.
Conviene recordar qué significa esto en la práctica: la simple admisión a trámite ya supone un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país. Del total de solicitudes, el 79,6% corresponde al llamado arraigo extraordinario y el 20,4% a solicitantes de protección internacional.
Por comunidades, Cataluña encabeza la lista con 257.602 peticiones, seguida de la Comunidad de Madrid con 202.424, la Comunidad Valenciana con 167.286 y Andalucía con 161.557. Pero si se mira por provincias, Madrid lidera en solitario: concentra el 17,23% de todas las solicitudes de España. Uno de cada seis.
Más habitantes que Alcalá de Henares, Leganés o Fuenlabrada
Para entender la dimensión de la regularización de inmigrantes en Madrid basta una comparación: 202.424 personas son más habitantes de los que tiene el 99% de los municipios de la región. Solo la capital y Móstoles superan esa cifra. Hay más solicitantes de regularización en Madrid que vecinos en Alcalá de Henares, Leganés o Fuenlabrada. Y el doble que en Las Rozas.
Dicho de otro modo: en dos meses y medio, el Gobierno ha puesto en vía de regularización, solo en Madrid, el equivalente a una gran ciudad entera. Sin financiación adicional para la región que tendrá que absorberla.
Quiénes son: el perfil de los solicitantes
Los datos del propio Ministerio dibujan el perfil. Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes en Madrid (25,9%), seguida de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%) y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de América Central y del Sur, el 22,9% de África y el 8,3% de Asia. El 81% tiene menos de 45 años.
El Gobierno presume además de que, a 30 de junio, el proceso había generado 159.097 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, concentradas sobre todo en hostelería, comercio y construcción. Es su gran argumento: aflorar economía sumergida. Lo que no explica es cómo se financian los servicios públicos de las regiones que reciben a esa población mientras se tramitan los expedientes.
«Auténtico caos»: la reacción de la Comunidad de Madrid
El Gobierno regional ha reaccionado con dureza. Desde Sol califican el proceso de «auténtico caos» y acusan al Ejecutivo central de generar un efecto llamada sin medios suficientes para gestionarlo, de trasladar a las comunidades toda la carga administrativa y social sin un euro de recursos extraordinarios, y de no haber facilitado información sobre las cifras hasta casi tres meses después de iniciarse el proceso.
La advertencia de la Comunidad es concreta: presión adicional sobre la sanidad, la vivienda y el sistema educativo en los municipios y distritos que ya están más tensionados. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ido más allá y ha anunciado que recurrirá a todas las instancias necesarias, incluidas las instituciones europeas y los tribunales, reclamando además observadores que supervisen el proceso. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ya rechazó en mayo la petición de la Comunidad y de Vox de suspender cautelarmente el decreto, aunque el fondo del asunto sigue pendiente de resolución.
El Gobierno niega el efecto llamada
Frente a las críticas, Moncloa sostiene que no existe efecto llamada y asegura que las llegadas irregulares han caído un 70% de media desde la aplicación de la nueva política. La ministra Elma Saiz celebra que «más de un millón de personas» hayan salido de la marginalidad.
El argumento tiene un problema aritmético evidente: si las solicitudes han duplicado las previsiones del propio Gobierno, o las previsiones eran un brindis al sol o alguien no está contando bien. Y mientras el debate se libra en los platós, la realidad administrativa —las citas de Extranjería, los centros de salud, las aulas— la gestionan las comunidades autónomas. Sin un euro más.
Conclusión: una gran ciudad invisible en el mapa de Madrid
202.424 personas. Una gran ciudad entera puesta en vía de regularización en 75 días, concentrada en la región que ya soporta mayor presión sobre vivienda y servicios públicos, y anunciada a las comunidades autónomas cuando el proceso ya estaba prácticamente cerrado.
El Gobierno lo llama integración. Madrid lo llama caos. Los números, que no militan en ningún partido, dicen que nadie planificó lo que venía. Y la factura, como siempre, no la pagará quien firmó el decreto.
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