España no tiene un plan de inmigración. Tiene un relato. Y la diferencia entre ambos la pagan los ciudadanos de a pie, no los que diseñan los discursos desde despachos en Madrid.
El modelo que nadie quiere nombrar
Desde 2018, las llegadas irregulares a España han crecido de forma sostenida. Canarias se convirtió en la puerta de entrada más activa de Europa. Los cayucos no paran. Las promesas de acuerdos con terceros países tampoco.
El Gobierno ha preferido hablar de regularizaciones masivas y de necesidades del mercado laboral. Argumentos legítimos en parte, pero que eluden la pregunta incómoda: ¿quién controla quién entra y en qué condiciones?
La falta de una política migratoria coherente no es un accidente. Es una decisión. Y tiene consecuencias concretas sobre servicios públicos, vivienda y cohesión social.
Los números que el Gobierno no publicita
En 2024, más de 64.000 personas llegaron de forma irregular a España, según el Ministerio del Interior. Canarias concentró más del 70% de esas llegadas. Las solicitudes de asilo superaron las 160.000, el récord histórico.
Los centros de acogida llevan años al límite. Los municipios pequeños asumen cargas que el Estado no financia. Los menores no acompañados —más de 6.000 solo en Canarias— siguen sin un sistema de tutela que funcione.
Crítica sin anestesia
Mientras el debate político se estanca en trincheras ideológicas, los barrios periféricos de Madrid, Barcelona o Las Palmas procesan solos una transformación que nadie les consultó.
Llamar racista a quien pide control de fronteras es la coartada perfecta para no debatir la gestión real. La inmigración irregular no es un fenómeno humanitario que se resuelve con buenas intenciones. Requiere política exterior, acuerdos de retorno y capacidad de acogida real, no declarada.
Un país que no sabe cuánta gente entra por sus fronteras no tiene política migratoria. Tiene un problema que crece.
— La Redacción de El Pulso Ibérico